El Consell de la República, creado por el fugado Carles Puigdemont y sus acólitos para gobernar desde el exilio un ficticio estado catalán cuya independencia declaró y suspendió al instante él mismo, sobrevive gracias a las aportaciones económicas de sus 103.000 afiliados. Pero las voces críticas sobre la falta de transparencia y participación en este órgano de gobierno, gestionado desde la mansión presidencial de Waterloo, están llevando a algunas figuras relevantes a abandonar el Consell. Se preguntan cómo y en qué se gastan los aproximadamente 3 millones de euros que han ingresado en cuotas de sus socios.
Más de 100.000 catalanes confían en que la república catalana sigue existiendo. Y que las estructuras de ese ficticio estado independiente, que echó a andar aquel 11 de octubre de 2017, siguen articulándose desde Waterloo. Y eso les ha llevado a pagar, como mínimo, 20 euros al año por pertenecer a ese ‘selecto’ club del Consell. Más otros 12 euros si se quiere disponer del DNI catalán, un juguete documental a modo de pasaporte sin ninguna validez legal que expide este órgano republicano inventado en 2018.
Sin embargo, y pese a que incluso se han celebrado campañas electorales y votaciones para elegir a 81 miembros que componen ese Parlament en el exilio, las fugas ya han comenzado. Y no de miembros menores. Uno de los más significativos ha sido Pep Fort, presidente de una escisión de la ANC llamada Donec Perficiam (Hasta conseguirlo), que ha anunciado su baja del Consell de la República acusando a la entidad de opacidad y falta de transparencia.
Gastos
Según Fort, en los últimos siete meses ha intentado conocer insistentemente los presupuestos del organismo, así como la información contable de ingresos y gastos que lleva el Consell. Y en todo ese tiempo se le ha negado. «En qué se gasta el dinero y quién y cuándo cobran», era la pregunta sin respuesta dirigida al Consell.
Además, la crítica de Fort ya no va sólo dirigida a la falta de transparencia de las cuentas del gobierno ficticio catalán, sino también al escaso alcance de sus iniciativas durante estos últimos años. El balance que realiza es demoledor: «Es nulo». Se ha limitado a «una colección de sellos, un concurso de carteles, una manifestación en Perpiñán, un carnet (el DNI fake), y poco más».
Tres millones
Cada uno de esos amigos de la República fake instaurada por Puigdemont debe pagar 20 euros anuales como cuota mínima para acceder a ese club. Eso en la categoría más barata, ya que la aportación mínima, en caso de elegir el pago mensual, es de 5 euros (60 euros anuales). Si el pago es trimestral, se pagará mínimo 10 euros cuatro veces al año (40 euros). No existe la posibilidad de unirse al Consell sin pagar.
De esa forma, las cuentas del gobierno en la sombra que ha configurado Carles Puigdemont en este Consell se han nutrido de, por lo menos, tres millones de euros en cuotas de aportación de estos últimos años. Dinero que el ente utiliza para el sostenimiento de la estructura independentista en el fingido exilio que encabeza el fugado de la Justicia española.
Si Sánchez se ha empeñado en designar incluso a colaboradores personales suyos, no puede ser para nada bueno
Aunque finalmente ha sido Cándido Conde-Pumpido el elegido para presidir el Tribunal Constitucional, la deriva del órgano no será muy distinta a la que ya estaba perfilada con María Luisa Balaguer, igual de controvertida que el vencedor pero menos promovida directamente por Pedro Sánchez para gestionar un órgano ya bajo sospecha.
Porque, aparte de que no había diferencias sustantivas entre los dos aspirantes, ambos de similar partidismo y de parecidas intenciones, todo indica en que estamos en la antesala de ver cómo la institución destinada a garantizar la vigencia de la Constitución se convierte en la coartada para cambiarla, deteriorarla o minimizarla; tal y como exigen los socios del Gobierno y éste parece dispuesto a conceder.
Porque, si no es ése el objetivo, ¿por qué ha tenido Sánchez el descaro de designar a dos miembros de su propio equipo personal directo, como son el exministro Juan Carlos Campo y el alto cargo Laura Díez?
Si a esos dos nombres se le añaden otros cinco que, más allá de su pelea cainita por la presidencia del TC, se comportan como un bloque político, sin pudor alguno; ¿cómo no temer que se está preparando al Constitucional para legislar desde él lo que no pueda hacerse desde el Parlamento?
¿Y cómo no sospechar que el objetivo final es «legalizar» subrepticiamente una ilegalidad tan evidente como la celebración de un referéndum en Cataluña, con ese nombre u otro pero en todo caso con esa intención?
Sánchez lleva desde 2018 minando la independencia judicial con denuedo: primero arrasó la Abogacía del Estado; después conquistó la Fiscalía General y más tarde ha intentado cambiar incluso los procedimientos democráticos, de manera fraudulenta, para colonizar el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
Y paralelo a ese acoso a la separación de poderes, ha exprimido las reglas del Estado de derecho para adaptarlas al chantaje nacionalista; indultando a delincuentes, derogando sus delitos y avalando su delirio rupturista; como si fuera razonable y solo estuviera entorpecido por leyes caducas y jueces reaccionarios que pueden y deben cambiarse.
El pasado colaboracionista de Pumpido con Zapatero, al que auxilió en sus tétricas componendas con ETA; la filiación directa de Campo y Díaz y los devaneos con la autodeterminación de Balaguer y Segoviano; dibujan un escenario futuro muy inquietante, de concesiones y componendas afinadas por el órgano que, en realidad, debería frenarlas en seco.
Porque si España pierde la penúltima barrera de defensa de sus normas, y ve cómo se convierte en un trampolín de sus peores adversarios, la degradación de la democracia alcanzará unas cotas sin precedentes y muy difíciles de revertir.
Porque este Tribunal Constitucional va a tener una vigencia de nueve años. Y la huella política de Sánchez, culmine o no su deplorable hoja de ruta, tal vez muchos más.
Yolanda Díaz se borra de la cumbre con Marruecos pese al polvorín de las temporeras Diez ministros viajarán a Rabat con Sánchez en febrero, aunque ninguno de Unidas Podemos, muy molesto por el giro del presidente con el Sáhara. Díaz afirma que seguirán "trabajando con normalidad" pese a su ausencia
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en el Congreso. (EFE/Kiko Huesca)
Yolanda Díaz se ha desmarcado de los planes de Pedro Sánchez para apaciguar la relación con Marruecos. Hasta el punto de que ningún ministro de Unidas Podemos acudirá a la reunión de alto nivel (RAN) entre Madrid y Rabat, la primera en siete años. El socio minoritario del Gobierno, que ha sido muy crítico con el giro de 180 grados sobre el Sáhara, se autoexcluye así de este hito en la agenda de relaciones bilaterales, anunciado el miércoles por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para los días 1 y 2 de febrero en la capital marroquí. Participarán el propio Sánchez y hasta 10 ministros, todos ellos del ala socialista.
Lo sucedido este miércoles, no por esperado, deja de ser aciago para la Justicia y para su independencia y fortaleza a la hora de hacer frente a quienes quieren hacer pedazos nuestra nación entendida como Estado de derecho:
Por un lado, las defensas de los golpistas indultados por el Gobierno se plantean como una revisión de penas, pudiendo pedir incluso la absolución, a partir de la entrada en vigor mañana del nuevo Código Penal que deroga el delito de sedición y rebaja la pena por el de malversación, lo que les levantaría la pena de inhabilitación que todavía pesa sobre ellos y les permitiría volver a presentarse a las elecciones.
Por otra parte, y también por la misma razón, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena modificará el auto de procesamiento del expresidente catalán Carles Puigdemont y del resto de golpistas fugados como la secretaria general de ERC Marta Rovira, lo que podría abrir la posibilidad de que los delincuentes fugados pudiesen volver a España en los próximos días sin tener que entrar en prisión. Finalmente y no menos lamentable ha sido la designación, por parte de la mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional, deCándido Conde-Pumpidocomo nuevo presidente del Alto Tribunal. Aunque la designación de Conde-Pumpido pudiese parecer a muchos preferible a la designación deMaria Luísa Balaguer—ex militante socialista que se sigue declarando "feminista, republicana y marxista"— no lo es tanto si tenemos presente el nihilista e insuperable grado de servilismo hacia el gobierno del que hizo gala Conde-Pumpido durante su etapa de Fiscal General de Estado durante el mandato de Zapatero. Recuérdese, en este sentido, hasta qué punto ignoró el Fiscal General del Estado elarticulo 408 del Código Penalque tipifica como delito la omisión del deber de perseguir los delitos y a los delincuentes con tal de no entorpecer las repugnantes negociaciones que, al margen del Estado de derecho, estaban llevando a cabo el gobierno de Zapatero con la cúpula de ETA. O cómo ignoró la supuestamente vigente "Ley de Partidos", hasta el punto de denigrarla como un "Guantanamo electoral". Sucomplicidad con el Gobiernoen la senda antijurídica que constituyó el sucio y mal llamado "proceso de paz" era tal que llegó a hacer aquella declaración, tan cursi como repugnante, en la que garantizaba que "el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino". No es de extrañar, en este sentido, que cuando un juez ordenó por aquellos días la detención deArnaldo Otegi,el dirigente proetarra preguntara sorprendido si Conde-Pumpido sabia que el fiscal del caso quería meterlo en la cárcel.
Así las cosas, no es de extrañar que Conde-Pumpido se avenga a ensuciar nuevamente su toga, esta vez como presidente del Constitucional, con tal de satisfacer las nuevas reclamaciones que le hagan al gobierno sus socios separatistas. A este respecto téngase presente que ERC ya ha anunciado su intención de llevar a cabo una tercera y no menos inconstitucional consulta secesionista como las perpetradas en 2014 y 2017, que bien podría pasar a ser considerada constitucional si eso fuera requisito para sostener al PSOE en el Gobierno, tal y como ha sucedido con la exigencia de sus socios separatistas de derogar el delito de sedición o reducir la pena por malversación.
Así las cosas, claro que es lógico —tal y como reconoce sin avergonzarse, Felix Bolaños— que las defensas de los golpistas, como las de otros políticos salpicados por el delito de malversación, se aprovechen de las reformas penales llevadas a cabo por este gobierno infausto. Como que se llevaron a cabo precisamente para eso. Y si socialistas y comunistas pudieran reformarían también la propia Constitución; pero, como no pueden, han hecho algo aun más artero como es designar un Tribunal Constitucional que, llegado el caso y si fuera necesario, pase a interpretar como acorde con nuestra Carta Magna lo que antes, sencillamente, no lo era.
¡Feliz retorno a las actividades escolares y laborales! Que la bendición de nuestro Dios nos acompañe siempre y nos dé la fuerza necesaria para seguir en batalla, trabajando cada quien desde su trinchera, por la construcción de la Venezuela que nos merecemos.+
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Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en el Congreso. (EFE/Kiko Huesca)
Sede del Tribunal 
