jueves, 23 de febrero de 2023
lunes, 9 de enero de 2023
La portavoz del Gobierno queda como una inculta intentando criticar a Feijóo Isabel Rodríguez confundió el refrán «para este viaje, no hacían falta alforjas» y dijo «si esto era la moderación para este viaje no hacía falta tanta forja» Redacción El Debate El Debate 11/01/2023 Actualizada 17:12 14 Whatsapp Enviar por Email En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aprovechó su intervención para cargar contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, confundió un clásico del refranero español con una frase de su cosecha. La ministra dijo: «Si esto era la moderación pues para este viaje no hacía falta tanta forja», cuando el refrán español reza: «para este viaje, no hacían falta alforjas». Una frase que, por cierto, también usaba Pablo Casado cuando lideraba el Partido Popular.
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Si Sánchez se ha empeñado en designar incluso a colaboradores personales suyos, no puede ser para nada bueno
Aunque finalmente ha sido Cándido Conde-Pumpido el elegido para presidir el Tribunal Constitucional, la deriva del órgano no será muy distinta a la que ya estaba perfilada con María Luisa Balaguer, igual de controvertida que el vencedor pero menos promovida directamente por Pedro Sánchez para gestionar un órgano ya bajo sospecha.
Porque, aparte de que no había diferencias sustantivas entre los dos aspirantes, ambos de similar partidismo y de parecidas intenciones, todo indica en que estamos en la antesala de ver cómo la institución destinada a garantizar la vigencia de la Constitución se convierte en la coartada para cambiarla, deteriorarla o minimizarla; tal y como exigen los socios del Gobierno y éste parece dispuesto a conceder.
Porque, si no es ése el objetivo, ¿por qué ha tenido Sánchez el descaro de designar a dos miembros de su propio equipo personal directo, como son el exministro Juan Carlos Campo y el alto cargo Laura Díez?
Si a esos dos nombres se le añaden otros cinco que, más allá de su pelea cainita por la presidencia del TC, se comportan como un bloque político, sin pudor alguno; ¿cómo no temer que se está preparando al Constitucional para legislar desde él lo que no pueda hacerse desde el Parlamento?
¿Y cómo no sospechar que el objetivo final es «legalizar» subrepticiamente una ilegalidad tan evidente como la celebración de un referéndum en Cataluña, con ese nombre u otro pero en todo caso con esa intención?
Sánchez lleva desde 2018 minando la independencia judicial con denuedo: primero arrasó la Abogacía del Estado; después conquistó la Fiscalía General y más tarde ha intentado cambiar incluso los procedimientos democráticos, de manera fraudulenta, para colonizar el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
Y paralelo a ese acoso a la separación de poderes, ha exprimido las reglas del Estado de derecho para adaptarlas al chantaje nacionalista; indultando a delincuentes, derogando sus delitos y avalando su delirio rupturista; como si fuera razonable y solo estuviera entorpecido por leyes caducas y jueces reaccionarios que pueden y deben cambiarse.
El pasado colaboracionista de Pumpido con Zapatero, al que auxilió en sus tétricas componendas con ETA; la filiación directa de Campo y Díaz y los devaneos con la autodeterminación de Balaguer y Segoviano; dibujan un escenario futuro muy inquietante, de concesiones y componendas afinadas por el órgano que, en realidad, debería frenarlas en seco.
Porque si España pierde la penúltima barrera de defensa de sus normas, y ve cómo se convierte en un trampolín de sus peores adversarios, la degradación de la democracia alcanzará unas cotas sin precedentes y muy difíciles de revertir.
Porque este Tribunal Constitucional va a tener una vigencia de nueve años. Y la huella política de Sánchez, culmine o no su deplorable hoja de ruta, tal vez muchos más.
Diez ministros viajarán a Rabat con Sánchez en febrero, aunque ninguno de Unidas Podemos, muy molesto por el giro del presidente con el Sáhara. Díaz afirma que seguirán "trabajando con normalidad" pese a su ausencia
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Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en el Congreso. (EFE/Kiko Huesca)Yolanda Díaz se ha desmarcado de los planes de Pedro Sánchez para apaciguar la relación con Marruecos. Hasta el punto de que ningún ministro de Unidas Podemos acudirá a la reunión de alto nivel (RAN) entre Madrid y Rabat, la primera en siete años. El socio minoritario del Gobierno, que ha sido muy crítico con el giro de 180 grados sobre el Sáhara, se autoexcluye así de este hito en la agenda de relaciones bilaterales, anunciado el miércoles por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para los días 1 y 2 de febrero en la capital marroquí. Participarán el propio Sánchez y hasta 10 ministros, todos ellos del ala socialista.
Lo sucedido este miércoles, no por esperado, deja de ser aciago para la Justicia y para su independencia y fortaleza a la hora de hacer frente a quienes quieren hacer pedazos nuestra nación entendida como Estado de derecho:
Por un lado, las defensas de los golpistas indultados por el Gobierno se plantean como una revisión de penas, pudiendo pedir incluso la absolución, a partir de la entrada en vigor mañana del nuevo Código Penal que deroga el delito de sedición y rebaja la pena por el de malversación, lo que les levantaría la pena de inhabilitación que todavía pesa sobre ellos y les permitiría volver a presentarse a las elecciones.
Por otra parte, y también por la misma razón, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena modificará el auto de procesamiento del expresidente catalán Carles Puigdemont y del resto de golpistas fugados como la secretaria general de ERC Marta Rovira, lo que podría abrir la posibilidad de que los delincuentes fugados pudiesen volver a España en los próximos días sin tener que entrar en prisión. Finalmente y no menos lamentable ha sido la designación, por parte de la mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional, de Cándido Conde-Pumpido como nuevo presidente del Alto Tribunal. Aunque la designación de Conde-Pumpido pudiese parecer a muchos preferible a la designación de Maria Luísa Balaguer —ex militante socialista que se sigue declarando "feminista, republicana y marxista"— no lo es tanto si tenemos presente el nihilista e insuperable grado de servilismo hacia el gobierno del que hizo gala Conde-Pumpido durante su etapa de Fiscal General de Estado durante el mandato de Zapatero. Recuérdese, en este sentido, hasta qué punto ignoró el Fiscal General del Estado el articulo 408 del Código Penal que tipifica como delito la omisión del deber de perseguir los delitos y a los delincuentes con tal de no entorpecer las repugnantes negociaciones que, al margen del Estado de derecho, estaban llevando a cabo el gobierno de Zapatero con la cúpula de ETA. O cómo ignoró la supuestamente vigente "Ley de Partidos", hasta el punto de denigrarla como un "Guantanamo electoral". Su complicidad con el Gobierno en la senda antijurídica que constituyó el sucio y mal llamado "proceso de paz" era tal que llegó a hacer aquella declaración, tan cursi como repugnante, en la que garantizaba que "el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino". No es de extrañar, en este sentido, que cuando un juez ordenó por aquellos días la detención de Arnaldo Otegi, el dirigente proetarra preguntara sorprendido si Conde-Pumpido sabia que el fiscal del caso quería meterlo en la cárcel.
Así las cosas, no es de extrañar que Conde-Pumpido se avenga a ensuciar nuevamente su toga, esta vez como presidente del Constitucional, con tal de satisfacer las nuevas reclamaciones que le hagan al gobierno sus socios separatistas. A este respecto téngase presente que ERC ya ha anunciado su intención de llevar a cabo una tercera y no menos inconstitucional consulta secesionista como las perpetradas en 2014 y 2017, que bien podría pasar a ser considerada constitucional si eso fuera requisito para sostener al PSOE en el Gobierno, tal y como ha sucedido con la exigencia de sus socios separatistas de derogar el delito de sedición o reducir la pena por malversación.
Así las cosas, claro que es lógico —tal y como reconoce sin avergonzarse, Felix Bolaños— que las defensas de los golpistas, como las de otros políticos salpicados por el delito de malversación, se aprovechen de las reformas penales llevadas a cabo por este gobierno infausto. Como que se llevaron a cabo precisamente para eso. Y si socialistas y comunistas pudieran reformarían también la propia Constitución; pero, como no pueden, han hecho algo aun más artero como es designar un Tribunal Constitucional que, llegado el caso y si fuera necesario, pase a interpretar como acorde con nuestra Carta Magna lo que antes, sencillamente, no lo era.
Sede del Tribunal
Un Tribunal Constitucional dividido eligió ayer como su duodécimo presidente al magistrado Cándido Conde-Pumpido y como nueva vicepresidenta a la magistrada Inmaculada Montalbán, miembros los dos del sector progresista de la corte de garantías.
El PP quiere saber si uno de los imputados del 'Caso Azud' visitó a Ximo Puig en la sede de la Presidencia de la Generalitat Valenciana.
¡Feliz retorno a las actividades escolares y laborales! Que la bendición de nuestro Dios nos acompañe siempre y nos dé la fuerza necesaria para seguir en batalla, trabajando cada quien desde su trinchera, por la construcción de la Venezuela que nos merecemos.+
viernes, 30 de diciembre de 2022
El silencio de los borregos
El PP rastrea las visitas a Puig desde 2015 de un ex cargo socialista imputado en el ‘Caso Azud’
Reclama también el listado de visitas de José Cataluña a la Consejería de Hacienda
Quiere saber si el ex responsable de Finanzas del PSPV-PSOE imputado en el 'Caso Azud' se reunió también con altos cargos
El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas ha presentado una batería de solicitudes de información sobre el Caso Azud dirigidas al presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera (Compromís), con el objetivo de conocer si el ex responsable de Finanzas del PSOE valenciano imputado en ese mismo caso, José Cataluña, visitó la sede de Presidencia de la Generalitat Valenciana y a Ximo Puig o a algunos de sus colaboradores. También quiere saber si visitó la Consejería de Hacienda o se reunió con altos cargos del Ejecutivo autonómico en el periodo comprendido desde que Ximo Puig accedió al cargo, en 2015, hasta la actualidad.
En el Caso Azud se investiga, entre otras cuestiones, si determinadas empresas corrieron supuestamente con gastos electorales de las campañas socialistas al Ayuntamiento de Valencia en 2007 y de las Generales de 2008 en esa misma circunscripción supuestamente a cambio de presuntos favores urbanísticos. En aquellos procesos electorales, 2 pesos pesados entonces del socialismo -Carmen Alborch y María Teresa Fernández de la Vega- lideraron las citadas listas.
El escándalo del Caso Azud ya alcanzó una considerable dimensión el pasado diciembre, cuando los diputados populares en las Cortes Valencianas mostraron, al término del Pleno de Presupuestos, una foto de un sonriente Ximo Puig junto al citado José Cataluña. Pero aquello no fue un epílogo, sino el prólogo que ha dado paso a una batería de actuaciones que el PP valenciano que preside Carlos Mazón ha puesto en marcha para llegar hasta el fondo del asunto.
Las peticiones
Apenas unas horas después de aquel descomunal escándalo en sede parlamentaria, que abochornó también a buena parte de la bancada socialista, el portavoz adjunto del Grupo Popular Miguel Barrachina registró una batería de peticiones dirigidas al presidente de la Cámara.
Según esta documentació el PP solicita «copia de todas las anotaciones del registro de acceso al Palau de la Generalitat, en las que haya constancia de la entrada en el mismo, por parte del ex responsable de Finanzas del PSPV-PSOE José María Cataluña Oliver. Especificando la fecha. Todo ello desde 2015 hasta la fecha de respuesta de la presente solicitud».
Esta petición es especialmente importante porque lo que el PP quiere saber es si Cataluña se reunió con Puig y/o sus colaboradores en la sede de la Presidencia del Gobierno valenciano y, si es así, cuántas veces lo hizo a lo largo de los últimos 8 años.
En otra de las peticiones, el PP reclama «copia de todas las anotaciones del registro de acceso a la Consejería de Hacienda y Modelo Económico en las que haya constancia de la entrada en el mismo, por parte del ex responsable de Finanzas del PSPV-PSOE José María Cataluña Oliver. especificando la fecha», igualmente «desde 2015 hasta la fecha de respuesta» de su solicitud».
Y, finalmente, en una tercera, el PP reclama también «copia de todas las citas o reuniones que se hayan producido entre altos cargos de la Generalitat Valenciana y el ex responsable de Finanzas del PSPV-PSOE» -el citado Cataluña- «especificando la fecha e identificando al alto cargo con quien se mantuvo» la reunión correspondiente. También, desde 2015 al momento en que la solicitud sea respondida.
Comisión de Investigación
Se da la circunstancia de que el PP solicitó antes de Navidad que se activara la Comisión de Investigación sobre el Caso Azud en las Cortes Valencianas, pero su petición fue rechaza. Aquella negativa fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del primer partido de la oposición en el Parlamento valenciano, que ha decidido ahora activar su propia investigación a través de los mecanismos que la dinámica de las Cortes permite.
La solicitudes de información realizadas por el PP suponen también una completa declaración de intenciones de los populares en este caso, que ya avanzó Carlos Mazón hace algunas semanas: están dispuestos a llegar hasta el fondo del asunto y no se van a detener ante ningún obstáculo. Si una puerta se les cierra abrirán otra. Así, fuentes populares señalaban hoy mismo que en caso de que las documentación no les sea entregada en los términos y plazos contemplados por la ley -la Generalitat puede incluso solicitar una prórroga para entregarla, según confirman- acudirán al contencioso para que les sea proporcionada.
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LA MEVA MEMÒRIA HISTÈRICA.
L'IPC marca el mínim anual (5,8%), però la inflació subjacent ja supera la general
desembre 31, 2022
La vicepresidenta primera del Govern, Nadia Calviño, ha celebrat les dades d'inflació publicades aquest divendres, que mostren que els preus van caure al 5,8% interanual al desembre, ha atribuït la reducció a la baixada de l'energia i ha previst que la reducció de l'IVA als aliments prevista a l'últim escut anticrisi servirà per baixar l'índex subjacent, que es va situar aquest mes al 6,9%.
Els excessos monetaris dels bancs centrals, units als excessos pressupostaris del govern de Sánchez van portar la inflació. Un vertiginós augment de preus que van arribar a menysprear els nostres polítics per considerar-lo transitori.
Però a l'Executiu de Sánchez, Alberto Garzón, Yolanda Díaz o Nadia Calviño, li importa poc la realitat que visquin els espanyols, per a ells, la festa continua: en el seu darrer balanç i just abans d'aprovar una ajuda peronista perquè 4,2 milions de famílies puguin comprar aliments, Pedro Sánchez presumia de presidir una Espanya campiona en creació de llocs de treball i creixement del PIB. A més, es presumia d'estar "doblegant la corba de la inflació", deia ufanós. El fenomen econòmic que travessem és letal per a les economies familiars però fantàstic per als governants.
La garreperia com a generositat
Aquestes xifres arriben només uns dies després que el Govern aprovés un nou paquet de mesures per fer front a les crisis energètica i d'inflació. En aquest cas, la gran novetat ha estat en la reducció de l'IVA de certs productes bàsics de la cistella de la compra, excloent-ne la carn i el peix.
Alguns productes com ara les fruites, les verdures o els ous passen de tenir un IVA del 4% al 0%. D'altra banda, pastes alimentàries i olis, que fins ara suportaven l'impost al 10%, ara el tindran al 5%. Així doncs, això es mantindrà com a norma general fins al 30 de juny, però hi ha un factor que podria avançar el seu desmantellament. La mesura decaurà en cas que la inflació subjacent baixi del 5,5%.
Tot i això, les dades no mostren que l'IPC subjacent assolirà aquesta xifra a molt curt termini. Al juliol va superar per primera vegada el 6% i ja s'ha instal·lat per sobre d'aquesta cota des d'aleshores. Feia dos mesos que estava estancat al 6,2% a l'octubre i al novembre, i ara a l'últim període de l'any ha experimentat una nova escalada. Potser l'única cosa certa i provada és que entrem en any electoral. Un any electoral exigeix adaptar el comptagotes a les necessitats del moment.
No sorprendrà que el Govern hagi estat garrepa en aquest últim paquet de l'any que el president va anunciar feliç i satisfet de la seva pròpia generositat. No podrà sorprendre, perquè garrepa ho ha estat tot el temps. Sempre ha dispensat la seva garreperia com si fos dadivós i sempre ho ha fet amb comptagotes: en dosis homeopàtiques amb dates de caducitat molt curtes. Aquest procediment peculiar només augmenta la sensació d'incertesa, igual que el costum d'allargar fins a l'últim minut el suspens sobre si els pal·liatius es mantindran o no. Però així es pot obrir i tancar l'aixeta a conveniència.
Figures senyeres de l'esquerra, algunes membres del Govern, van advertir expressament contra aquesta rebaixa. Abaixar l'IVA dels aliments era el pitjor que es podia fer. Era tan dolent que només beneficiaria els grans i despietats. Es van insinuar trucs, paranys i conjures a la foscor. Es preferien les cistelles, els xecs, qualsevol cosa. Però heus aquí que el president va sortir l'altre dia a anunciar la rebaixa fins llavors reprovada com si tot aquest temps hagués tingut en ment fer-la. Va parlar dels aliments bàsics amb emoció. Semblava que els repartiria ell mateix entre els necessitats. No va baixar a la lletra petita ni es va aturar en el detall que la carn i el peix quedaven fora de la magnànima reducció, però era evident que la sentia i vivia com una altra prova nítida de la generositat del Govern.
Més sorprenent és que un Govern tan reticent a les rebaixes precisament d'aquest impost n'hagi aprovat una més. Allà el 2021, van dir durant mesos que era impossible baixar l'IVA de la llum, perquè Europa, l'estricta i mandona Europa, no ho permetia. Fins que va resultar que sí que es podia. És clar que es podia. Per fi ho van fer, però res no es va dir, ni una paraula, de fer més suportables les factures del gas. No fos cas que la gent es fes més "derrochòlica", com diu la campanya del Ministeri per a la Transició a l'Edat de Pedra. Sánchez va haver d'anar a Alemanya a veure Scholz aquest estiu per adonar-se que aquest IVA també es podia baixar. És clar que es podia. I va baixar. Però el dels aliments era impossible.
Tot això ens sumi en la perplexitat. Si allò que deien contra la rebaixa de l'IVA dels aliments era cert, no s'entén que el Govern ho hagi baixat. I encara és més incomp
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