Cinco años después de la llegada del PSOE a la Moncloa, sigue sin resolverse el problema de acceso a la vivienda en España, lo cual confirma que el Gobierno ha sido incapaz de aportar soluciones a uno de los problemas fundamentales que padecemos. No es que no haya solucionado, o al menos paliado, el problema de acceso a una vivienda digna que por razones económicas sufren millones de ciudadanos, sino que ha estado de brazos cruzados y no ha tomado una sola medida al respecto. Se ha entretenido en otras cuestiones, como satisfacer las reivindicaciones particulares de sus socios más extravagantes. Solo ahora, a escasas semanas de las próximas elecciones municipales y autonómicas y a unos pocos meses de las generales, el Gobierno de España ha presentado elProyecto de Ley de Vivienda; justo a tiempo de que parezca que hace algo pero sin que haya tiempo de que comprobemos si sirve para algo lo que ha hecho, aunque lo supongamos. Esel electoralismo 2.0, el más sutil y avanzado. Y eso, por cierto, a pesar de que la competencia en materia de vivienda corresponde a las Comunidades Autónomas, como casi todo en España.
El problema es complejo y las posibles recetas pueden ser buenas, malas o regulares; de momento, ha habido de todo menos de las primeras, salvo honrosas excepciones. Ojalá dispusiera de una varita mágica para solucionar el entuerto, pero no es el caso. Sí creo que los poderes públicos deben intervenir y que deben hacerlo teniendo en cuenta los distintos actores que intervienen en el juego, pero en defensa siempre del interés general: es decir, que las medidas que se tomen sean beneficiosas para el conjunto del país y nos trasladen a una situación mejor de aquella en la que nos encontramos. De hecho, ¿por qué no iba a intervenir el Gobierno si es precisamente el Gobierno el principal responsable de ayudar a resolver los problemas que sufrimos? La cuestión es intervenir bien y que el remedio no sea peor que la enfermedad, evitando parches, populismo y demagogia.Se trata de intervenir, claro, acertadamente, cosa que no es fácil, especialmente cuando nos gobiernan o políticos al servicio de intereses ajenos a la mayoría o gobiernos incompetentes
Algo en lo que coinciden bastantes expertos es en la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública en alquiler y que sea revisable, baremada y destinada a los ciudadanos que realmente la necesiten durante el tiempo en que la necesiten, de modo que no se reproduzcan situaciones injustas que conocemos todos: no puede ser que personas con muy buenos sueldos disfruten de viviendas de protección oficial durante toda su vida, lo que les permite disfrutar de un alto nivel de vida, esquiar los fines de semana y disponer de buenos vehículos, mientras otros muchos apenas pueden llegar a final de mes ahogados en su alquiler o en su hipoteca, algo que ha sido permitido e incluso fomentado por los gobiernos durante décadas.
Además, hay numerosa vivienda deshabitada en España. Se trata de implementar medidas que hagan que sus dueños las incorporen al mercado inmobiliario (bien en venta, bien en alquiler), incrementando de ese modo la oferta, lo cual supondría una reducción de los precios o un menor incremento de estos. Para lograrlo, derecha e izquierda defienden medidas distintas, pero ahí está el juego político democrático. Hay quien nos recuerda que algunas medidas intervencionistas se han mostrado ineficaces o incluso contraproducentes allí donde se han aplicado; por ejemplo, topar el precio de los alquileres no supondrá que quien no puede acceder a la vivienda pueda hacerlo sino que se perfeccione la selección de los inquilinos interesados, más de lo que ya se hace. Sin embargo, el mercado libre sin contrapesos tampoco ha resuelto nada sino todo lo contrario. Se trata de intervenir, claro, acertadamente, cosa que no es fácil, especialmente cuando nos gobiernan o políticos al servicio de intereses ajenos a la mayoría o gobiernos incompetentes, como ha solido ser el caso.
Es preciso fomentar áreas alternativas de desarrollo económico, invertir en lugares menos atendidos, rehabilitar vivienda y garantizar que haya mejores servicios públicos
La gente quiere vivir en la mejor solución habitacional posible ubicada en el lugar más atractivo, siempre que pueda pagarlo. Es la naturaleza humana y la ley de la oferta y la demanda. A más demanda, más precio. Por ello los centros de algunas ciudades se están convirtiendo en espacios prohibitivos, lo cual obliga a los residentes con menos recursos y a miles de jóvenes a hacer las maletas (y esto cuando no les queda otra que seguir en el domicilio paterno), trasladarse a lugares distintos de donde viven sus padres y vivir en la periferia. No existe, claro, el derecho a mantener el lugar de residencia familiar si no puedes pagarlo. En general, los ricos viven en las mejores zonas, y los menos pudientes, en las peores. Por eso yo no vivo en Miraconcha. Aquí el Gobierno de España tiene una tarea que realizar: se trata de que no sea indispensable vivir en los centros de las ciudades para disponer de una vivienda digna y disfrutar de un entorno amable y unos buenos servicios públicos, más allá de los gustos de cada cual y de que nunca llegue a ser lo mismo. Es decir, es preciso fomentar áreas alternativas de desarrollo económico, invertir en lugares menos atendidos, rehabilitar vivienda y garantizar que haya mejores servicios públicos donde los hay peores; se llama políticas públicas y planificación urbanística. La cuestión es que, siendo una medida indispensable, sus beneficios se observarían en el medio o en el largo plazo, y a los partidos políticos les interesan las próximas elecciones, que siempre son a la vuelta de la esquina.
Por lo demás, se trata de mejorar la economía del país y que ello repercuta en el bienestar de la mayoría, de crear empleos dignos, estables y bien pagados, de controlar la inflación y el euríbor, de disponer de unos buenos servicios públicos y de atender a los ciudadanos en situación más vulnerable. Todo ello, como el concreto problema de la vivienda, se resuelve con medidas serias, efectivas y de largo alcance, no con demagogia ni electoralismo.
Javier Cárdenas cuenta en OKDiatio una de las grandes mentiras de este Gobierno y es que Pedro Sánchez, refiriéndose al comité de expertos, afirmó que «aprendía» de ellos y Salvador Illa les atribuía a ellos muchas de las indicaciones a seguir. Mentira. En el 2020, Pedro Sánchez, comparecía ante los medios para explicar las reglas de la desescalada, y mencionaba que se seguirían los «marcadores recomendados por el comité científico que asesora al Gobierno». Mentira.
El mismo Fernando Simón afirmó el 6 de mayo, que las identidades de ese supuesto comité de expertos formado por once personas no se iban a revelar para que no fueran objeto de «presiones». Mentira. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, nombraba al comité de expertos dos semanas después de la defensa de Fernando Simón al mismo tiempo que anunciaba el uso «obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados y en la vía pública». Afirmaba que esta decisión se había tomado después de reunirse con ellos. Mentira.
Y es que en una respuesta oficial al Consejo de Transparencia, el Gobiernoreconoce que no existe un comité que asesorara sobre la evolución de la desescalada y no creó formalmente un comité de expertos para asesorarle durante la desescalada del coronavirus en cada territorio.
El Ministerio de Sanidadniega que haya existido un comité de expertos encargado de decidir qué territorios iban avanzando en la desescalada del confinamiento. Este organismo había preguntado después de una denuncia que consideraba ilegal no hacer públicos los nombres del comité, cuando el Gobierno de hecho se había referido a ese comité incluso en las redes sociales. Las mentiras de este Gobierno van saliendo además de las ya evidentes.
La Justicia va cerrando el cerco sobre los líderes del Tsunami Democràtic, el movimiento independentista creado para tomar las calles. La Audiencia Nacional trabaja con la hipótesis de que al frente de esa plataforma, responsable del asalto al aeropuerto de El Prat o los disturbios en las calles de Barcelona en respuesta a la condena del Tribunal Supremo por el referéndum del 1-O, está la fugada Marta Rovira, secretaria general de ERC, así como el empresario afín a este partido, Oriol Soler; el exsecretario general de los republicanos y exmilitante de Terra Lliure, Xavier Vendrell, o el dirigente de Òmnium Cultural, Oleguer Serra, entre otros.
A diferencia de Serret o Ponsatí
Según publica El Confidencial, el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, ha identificado a los principales responsables de Tsunami, creado para agitar y tomar el control de las calles. Una especie de brazo revolucionario para presionar al Estado que estaría dirigido por Rovira, fugada a Suiza desde marzo de 2018 por su participación en el 1-O. Aunque en un principio se le imputó un delito de sedición, el juez Pablo Llarena solo mantiene el cargo de desobediencia contra ella. La otra investigación, la que indaga en la trama de Tsunami, se podría saldar en delitos más graves. De ahí que, a diferencia de Meritxell Serret o Clara Ponsatí, Rovira se resista a regresar.
En un principio, se consideró el procedimiento por sedición, pero después de la reforma del Código Penal, la previsión es que la Audiencia Nacional presente cargos por un delito de desórdenes públicos agravados.
El exdirigente de ERC Xavier Vendrell (d), con Oriol Soler, dos de los detenidos en la 'Operación Voloh' / EFE
Al parecer, Rovira utilizaba el alias de Matagalls, el pico al que ascendieron varias decenas de militantes independentistas en octubre de 2018, para comunicarse con otros líderes de Tsunami. La número dos de ERC habría actuado de bisagra entre esta plataforma, los partidos independentistas y el gobierno de coalición que entonces presidía Quim Torra.
La trama
Del plan de comunicación se habría ocupado el empresario Oriol Soler, exmilitante del Moviment de Defensa de la Terra y beneficiario de voluminosas subvenciones de la Generalitat, según las investigaciones de la Guardia Civill, mientras que Oleguer Serra, consejero ejecutivo de Òmnium, entidad independentista próxima a ERC, habría actuado como agitador del activismo en las calles.
Asimismo, Xavier Vendrell, exsecretario de Organización de ERC y consejero de Gobernación de la Generalitat en 2006, también intervino supuestamente en la estrategia de Tsunami, con el apoyo de Roc Aguilera Vaqués y Antoni Fusté Piñol, administradores de Iniciatives Events SL. Vendrell y Soler fueron detenidos en la operación Voloh instruida por el juez de Barcelona Joaquim Aguirre.
Nunca unas elecciones autonómicas y municipales como las previstas para el próximo 28 de mayo han sido, probablemente, tan decisivas para cambiar el rumbo global de un país. Y no lo han sido porque nunca, tampoco, el deterioro institucional, social y económico ha alcanzado una dimensión como la cosechada con el Gobierno de Pedro Sánchez, el más dañino padecido en España desde 1978.
El Gobierno y, más concretamente, el PSOE de Pedro Sánchez, confían en la labor performativa de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que dirige José Félix Tezanos, ante las dos confrontaciones electorales de este año: las autonómicas del 28-M y las generales cuando sean convocadas, probablemente en el mes de diciembre.
Moncloa y Ferraz diseñan ya la agenda de campaña de Pedro Sánchez, que inaugurará en Sevilla. La capital hispalense es el gran baluarte a retener tras los comicios. El presidente y secretario general del PSOE, según fuentes gubernamentales, se volcará principalmente en aquellas comunidades y ciudades en las que sus candidatos tienen más complicada la reelección o más posibilidades tienen de alcanzar la Alcaldía.
Barcelona, Valladolid, Valencia, Baleares, La Rioja y Aragón son algunos de los territorios que más visitará el líder del PSOE durante las dos semanas que dura la campaña electoral. También tiene previsto arropar en distintas ocasiones a las alcaldables de Madrid y Las Palmas, Reyes Maroto y Carolina Darias, respectivamente, apuestas personales suyas, tanto durante esos quince días como durante las semanas previas en una larga precampaña.
La capacidad performativa de las encuestas —crear con los datos realidades virtuales— es un asunto de Ciencia Política y Sociología ampliamente estudiado. Los sondeos preelectorales crean expectativas en las diversas fuerzas políticas que impactan en las bolsas de los votantes menos definidos, los más dubitativos y en aquellos otros que suelen refugiarse en la abstención.
Convención autonómica
Todos los barones del PSOE tendrán foto con Sánchez durante la campaña electoral del 28 de mayo. Ferraz ha impuesto a los candidatos, que en algunos casos querían prescindir de él, la presencia del secretario general en como mínimo un acto. Algunos se han resistido a aceptar su incidencia hasta el último minuto, con el argumento de que les resta más que les suma. La dirección federal, según fuentes de la formación, ha alcanzado un acuerdo con las federaciones territoriales para garantizar la participación de Sánchez en todas aquellas autonomías que celebran elecciones a cambio de no convocar la convención autonómica.
De esta forma los barones y el presidente no coincidirán en un mismo formato de acto antes del 28M. Había un cierto malestar, entre algunos presidentes autonómicos, a una foto de familia de ellos con Pedro Sánchez sobre el mismo escenario. Además, según expresaron varios barones, no querían que una convención autonómica conjunta presidida por el líder del PSOE pudiera empañar la acción de gobierno de cada uno de ellos. Evitan así una exhibición de músculo por parte de Sánchez.
Hace varios meses que Moncloa y Ferraz buscaban reunir la convención autonómica. Tras varios aplazamientos, por la negativa de algunos barones a participar, el acuerdo alcanzado entre la dirección y los territorios hará que la cita quede suspendida. La primera vez que Pedro Sánchez intentó tener esa foto fue en noviembre, poco después del acto conmemorativo de los 40 años de la victoria de Felipe González. Días más tarde cinco barones plantaron al jefe del Ejecutivo, en el mismo recinto de IFEMA en el que se iba a celebrar dicho acto, durante su proclamación como líder de la Internacional Socialista.
Según Interior, «del conjunto de los cambios planteados puede deducirse que se está impulsando,
un proceso de regularización de personas extranjeras que actualmente se encuentrano puedan encontrarse en situación irregular en nuestro país», por lo que «no sería descartable suconsecuente efecto llamada».
Interior consideró, por tanto, que la reforma no era «oportuna» y advirtió que «el retorno no está siendo eficaz (ni en España, ni en muchos otros Estados miembros de la UE) (…)» y «la propuesta de reforma, lejos de solucionar la tendencia, podría tender a agrandarla
Por su parte, el Ministerio de Política Territorial alertó de la posible saturación de las oficinas de extranjería, que ya adolecen de falta de personal, teniendo en cuenta que el sector de población extranjera «que podría acogerse a este nuevo tipo de arraigo sería de más de 1.300.000 personas».
Programa
En su programa para las autonómicas del 28M, el PSOE también pide a sus candidatos que «garanticen políticas públicas acordes con las necesidades de la población inmigrante» y que adecúen «las necesidades del mercado de trabajo».
Asimismo, los socialistas quieren «desarrollar programas educativos, lingüísticos y de formación para el empleo que favorezcan la inclusión de las personas inmigrantes», reforzar la «reagrupación familiar» y promover «la participación pública de las personas inmigrantes», fundamentalmente en «espacios cotidianos» como asociaciones vecinales o en la comunidad escolar.
El Consell de la República, creado por el fugado Carles Puigdemont y sus acólitos para gobernar desde el exilio un ficticio estado catalán cuya independencia declaró y suspendió al instante él mismo, sobrevive gracias a las aportaciones económicas de sus 103.000 afiliados. Pero las voces críticas sobre la falta de transparencia y participación en este órgano de gobierno, gestionado desde la mansión presidencial de Waterloo, están llevando a algunas figuras relevantes a abandonar el Consell. Se preguntan cómo y en qué se gastan los aproximadamente 3 millones de euros que han ingresado en cuotas de sus socios.
Más de 100.000 catalanes confían en que la república catalana sigue existiendo. Y que las estructuras de ese ficticio estado independiente, que echó a andar aquel 11 de octubre de 2017, siguen articulándose desde Waterloo. Y eso les ha llevado a pagar, como mínimo, 20 euros al año por pertenecer a ese ‘selecto’ club del Consell. Más otros 12 euros si se quiere disponer del DNI catalán, un juguete documental a modo de pasaporte sin ninguna validez legal que expide este órgano republicano inventado en 2018.
Sin embargo, y pese a que incluso se han celebrado campañas electorales y votaciones para elegir a 81 miembros que componen ese Parlament en el exilio, las fugas ya han comenzado. Y no de miembros menores. Uno de los más significativos ha sido Pep Fort, presidente de una escisión de la ANC llamada Donec Perficiam (Hasta conseguirlo), que ha anunciado su baja del Consell de la República acusando a la entidad de opacidad y falta de transparencia.
Gastos
Según Fort, en los últimos siete meses ha intentado conocer insistentemente los presupuestos del organismo, así como la información contable de ingresos y gastos que lleva el Consell. Y en todo ese tiempo se le ha negado. «En qué se gasta el dinero y quién y cuándo cobran», era la pregunta sin respuesta dirigida al Consell.
Además, la crítica de Fort ya no va sólo dirigida a la falta de transparencia de las cuentas del gobierno ficticio catalán, sino también al escaso alcance de sus iniciativas durante estos últimos años. El balance que realiza es demoledor: «Es nulo». Se ha limitado a «una colección de sellos, un concurso de carteles, una manifestación en Perpiñán, un carnet (el DNI fake), y poco más».
Tres millones
Cada uno de esos amigos de la República fake instaurada por Puigdemont debe pagar 20 euros anuales como cuota mínima para acceder a ese club. Eso en la categoría más barata, ya que la aportación mínima, en caso de elegir el pago mensual, es de 5 euros (60 euros anuales). Si el pago es trimestral, se pagará mínimo 10 euros cuatro veces al año (40 euros). No existe la posibilidad de unirse al Consell sin pagar.
De esa forma, las cuentas del gobierno en la sombra que ha configurado Carles Puigdemont en este Consell se han nutrido de, por lo menos, tres millones de euros en cuotas de aportación de estos últimos años. Dinero que el ente utiliza para el sostenimiento de la estructura independentista en el fingido exilio que encabeza el fugado de la Justicia española.
Si Sánchez se ha empeñado en designar incluso a colaboradores personales suyos, no puede ser para nada bueno
Aunque finalmente ha sido Cándido Conde-Pumpido el elegido para presidir el Tribunal Constitucional, la deriva del órgano no será muy distinta a la que ya estaba perfilada con María Luisa Balaguer, igual de controvertida que el vencedor pero menos promovida directamente por Pedro Sánchez para gestionar un órgano ya bajo sospecha.
Porque, aparte de que no había diferencias sustantivas entre los dos aspirantes, ambos de similar partidismo y de parecidas intenciones, todo indica en que estamos en la antesala de ver cómo la institución destinada a garantizar la vigencia de la Constitución se convierte en la coartada para cambiarla, deteriorarla o minimizarla; tal y como exigen los socios del Gobierno y éste parece dispuesto a conceder.
Porque, si no es ése el objetivo, ¿por qué ha tenido Sánchez el descaro de designar a dos miembros de su propio equipo personal directo, como son el exministro Juan Carlos Campo y el alto cargo Laura Díez?
Si a esos dos nombres se le añaden otros cinco que, más allá de su pelea cainita por la presidencia del TC, se comportan como un bloque político, sin pudor alguno; ¿cómo no temer que se está preparando al Constitucional para legislar desde él lo que no pueda hacerse desde el Parlamento?
¿Y cómo no sospechar que el objetivo final es «legalizar» subrepticiamente una ilegalidad tan evidente como la celebración de un referéndum en Cataluña, con ese nombre u otro pero en todo caso con esa intención?
Sánchez lleva desde 2018 minando la independencia judicial con denuedo: primero arrasó la Abogacía del Estado; después conquistó la Fiscalía General y más tarde ha intentado cambiar incluso los procedimientos democráticos, de manera fraudulenta, para colonizar el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
Y paralelo a ese acoso a la separación de poderes, ha exprimido las reglas del Estado de derecho para adaptarlas al chantaje nacionalista; indultando a delincuentes, derogando sus delitos y avalando su delirio rupturista; como si fuera razonable y solo estuviera entorpecido por leyes caducas y jueces reaccionarios que pueden y deben cambiarse.
El pasado colaboracionista de Pumpido con Zapatero, al que auxilió en sus tétricas componendas con ETA; la filiación directa de Campo y Díaz y los devaneos con la autodeterminación de Balaguer y Segoviano; dibujan un escenario futuro muy inquietante, de concesiones y componendas afinadas por el órgano que, en realidad, debería frenarlas en seco.
Porque si España pierde la penúltima barrera de defensa de sus normas, y ve cómo se convierte en un trampolín de sus peores adversarios, la degradación de la democracia alcanzará unas cotas sin precedentes y muy difíciles de revertir.
Porque este Tribunal Constitucional va a tener una vigencia de nueve años. Y la huella política de Sánchez, culmine o no su deplorable hoja de ruta, tal vez muchos más.
Yolanda Díaz se borra de la cumbre con Marruecos pese al polvorín de las temporeras Diez ministros viajarán a Rabat con Sánchez en febrero, aunque ninguno de Unidas Podemos, muy molesto por el giro del presidente con el Sáhara. Díaz afirma que seguirán "trabajando con normalidad" pese a su ausencia
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en el Congreso. (EFE/Kiko Huesca)
Yolanda Díaz se ha desmarcado de los planes de Pedro Sánchez para apaciguar la relación con Marruecos. Hasta el punto de que ningún ministro de Unidas Podemos acudirá a la reunión de alto nivel (RAN) entre Madrid y Rabat, la primera en siete años. El socio minoritario del Gobierno, que ha sido muy crítico con el giro de 180 grados sobre el Sáhara, se autoexcluye así de este hito en la agenda de relaciones bilaterales, anunciado el miércoles por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para los días 1 y 2 de febrero en la capital marroquí. Participarán el propio Sánchez y hasta 10 ministros, todos ellos del ala socialista.
Lo sucedido este miércoles, no por esperado, deja de ser aciago para la Justicia y para su independencia y fortaleza a la hora de hacer frente a quienes quieren hacer pedazos nuestra nación entendida como Estado de derecho:
Por un lado, las defensas de los golpistas indultados por el Gobierno se plantean como una revisión de penas, pudiendo pedir incluso la absolución, a partir de la entrada en vigor mañana del nuevo Código Penal que deroga el delito de sedición y rebaja la pena por el de malversación, lo que les levantaría la pena de inhabilitación que todavía pesa sobre ellos y les permitiría volver a presentarse a las elecciones.
Por otra parte, y también por la misma razón, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena modificará el auto de procesamiento del expresidente catalán Carles Puigdemont y del resto de golpistas fugados como la secretaria general de ERC Marta Rovira, lo que podría abrir la posibilidad de que los delincuentes fugados pudiesen volver a España en los próximos días sin tener que entrar en prisión. Finalmente y no menos lamentable ha sido la designación, por parte de la mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional, deCándido Conde-Pumpidocomo nuevo presidente del Alto Tribunal. Aunque la designación de Conde-Pumpido pudiese parecer a muchos preferible a la designación deMaria Luísa Balaguer—ex militante socialista que se sigue declarando "feminista, republicana y marxista"— no lo es tanto si tenemos presente el nihilista e insuperable grado de servilismo hacia el gobierno del que hizo gala Conde-Pumpido durante su etapa de Fiscal General de Estado durante el mandato de Zapatero. Recuérdese, en este sentido, hasta qué punto ignoró el Fiscal General del Estado elarticulo 408 del Código Penalque tipifica como delito la omisión del deber de perseguir los delitos y a los delincuentes con tal de no entorpecer las repugnantes negociaciones que, al margen del Estado de derecho, estaban llevando a cabo el gobierno de Zapatero con la cúpula de ETA. O cómo ignoró la supuestamente vigente "Ley de Partidos", hasta el punto de denigrarla como un "Guantanamo electoral". Sucomplicidad con el Gobiernoen la senda antijurídica que constituyó el sucio y mal llamado "proceso de paz" era tal que llegó a hacer aquella declaración, tan cursi como repugnante, en la que garantizaba que "el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino". No es de extrañar, en este sentido, que cuando un juez ordenó por aquellos días la detención deArnaldo Otegi,el dirigente proetarra preguntara sorprendido si Conde-Pumpido sabia que el fiscal del caso quería meterlo en la cárcel.
Así las cosas, no es de extrañar que Conde-Pumpido se avenga a ensuciar nuevamente su toga, esta vez como presidente del Constitucional, con tal de satisfacer las nuevas reclamaciones que le hagan al gobierno sus socios separatistas. A este respecto téngase presente que ERC ya ha anunciado su intención de llevar a cabo una tercera y no menos inconstitucional consulta secesionista como las perpetradas en 2014 y 2017, que bien podría pasar a ser considerada constitucional si eso fuera requisito para sostener al PSOE en el Gobierno, tal y como ha sucedido con la exigencia de sus socios separatistas de derogar el delito de sedición o reducir la pena por malversación.
Así las cosas, claro que es lógico —tal y como reconoce sin avergonzarse, Felix Bolaños— que las defensas de los golpistas, como las de otros políticos salpicados por el delito de malversación, se aprovechen de las reformas penales llevadas a cabo por este gobierno infausto. Como que se llevaron a cabo precisamente para eso. Y si socialistas y comunistas pudieran reformarían también la propia Constitución; pero, como no pueden, han hecho algo aun más artero como es designar un Tribunal Constitucional que, llegado el caso y si fuera necesario, pase a interpretar como acorde con nuestra Carta Magna lo que antes, sencillamente, no lo era.
¡Feliz retorno a las actividades escolares y laborales! Que la bendición de nuestro Dios nos acompañe siempre y nos dé la fuerza necesaria para seguir en batalla, trabajando cada quien desde su trinchera, por la construcción de la Venezuela que nos merecemos.+