Vox y Ciudadanos han pedido la renuncia o cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero al interpretar que en su intervención este miércoles en la comisión de Igualdad del Congreso, donde defendió el derecho de los niños a recibir educación afectivo-sexual, promovía las relaciones sexuales de los niños.
La Asociación Liberum también ha presentado una querella criminal contra la ministra por un delito contra la indemnidad sexual. En el escrito, la asociación argumenta que Montero «se expresó manifestando que los niños, niñas, e incluso niñes, pueden tener relaciones sexuales con quien les dé la gana si hay consentimiento. Lo que viene a decir que si un niño de tres, seis o nueve años ha prestado el consentimiento puede tener relaciones sexuales con adultos, lo cual a parte de ser pavoroso, indiciariamente es constitutivo de una inducción del artículo 183 bis de nuestro Código Penal».
El artículo 183 bis del Código Penal reza que «todo aquel que, con fines sexuales, determine a un menor de 16 años a participar en un comportamiento de naturaleza sexual, o le haga presenciar actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en ellos, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años». A esta literalidad se ha aferrado Vox para presentar este viernes ante el Tribunal Supremo una querella contra Irene Montero por un delito de incitación a la corrupción de menores.
¿El motivo? Las polémicas palabras de la ministra de Igualdad pronunciadas este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, donde afirmó que «los niños tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les de la gana basadas en el consentimiento», desatando una ola de indignación que ha llegado ya hasta los tribunales.
La Vicesecretaria Nacional Jurídica de Vox, Marta Castro, advierte en su escrito al Alto Tribunal de que las declaraciones realizadas «no pueden ser amparadas por la libertad de expresión de un cargo público y de relevancia como es, ya que, además de diputada, es miembro del Gobierno como Ministra de Igualdad y sus declaraciones constituyen una acción típica, antijurídica y culpable».
En la misma línea, recuerda que el es el propio legislador el que ha establecido y configurado el tipo penal de abuso sexual, «en el que se ha determinado taxativamente las causas en las que la conducta sexual deviene típica». Entre éstas, arguye VOX, «ha establecido que cualquier conducta lasciva con menores de 16 años es delictiva, dada la falta de madurez para el consentimiento, por entender, ex lege, que éste se encontraría viciado».
Esto, por cuanto «está fomentando en seres humanos de frágil edad a participar en comportamientos contrarios a la indemnidad sexual de estos, de naturaleza sexual, bajo un consentimiento que, como no puede ser de otra manera, los menores de dieciséis años no pueden otorgar». Abogados Cristianos también estudia emprender acciones legales contra la ministra Irene Montero, que aún no se ha retractado ni ha matizado sus palabras.“Todas las niñas, los niños, les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia, tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas eso sí en el consentimiento”, dijo Montero.
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